La Ministra de Vivienda, Michelle Sol; el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado; la Procuradora General de la República, Miriam Aldana; el Director Ejecutivo Centro Nacional de Registros, Jorge Camilo Trigueros y el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, suscribieron un convenio de cooperación para la solución de problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de lotificadores que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.
A iniciativa de la Ministra de Vivienda, en junio de este año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, con este convenio se fortalecerá el trabajo para resolver un problema histórico, que afecta a más de 350 mil familias en todo el país, articulando los esfuerzos interinstitucionales para que los lotificadores entreguen finalmente las escrituras de propiedad.
Para este propósito, se conformará una mesa de trabajo interinstitucional con equipos técnicos y legales que darán seguimiento a las acciones que correspondan en defensa de los derechos de las familias; incluso identificar posibles delitos penales que permitan a la FGR proceder conforme a derecho, para resguardar el interés de la población afectada. Su actuación se fundamentará en la Ley de Regularización de Lotificaciones y la Ley de Protección al Consumidor, entre otros marcos legales afines a la materia.
El Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, se mostró muy complacido con la suscripción de este convenio que es el resultado del interés de este Gobierno, de transformar problemas en soluciones para cumplir con la deuda histórica que se tiene con las personas que han sido afectadas por los intereses personales de empresas lotificadoras, que han jugado con su dinero y su deseo de tener una vivienda propia, un bien al cual todos aspiramos tener, destacó. El convenio abarca a todas las lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional, que no cuenten con los respectivos permisos o con dificultades para realizar la transferencia o inscripción de los inmuebles a favor de los lotehabientes que pagaron la totalidad del precio convenido, con el fin de que cuenten con sus títulos de propiedad debidamente inscritos.
