Por Ricardo Olmos

Economista

El desarrollo de los países en todas su dimensiones es un proceso complicado y en franco debate en la actualidad. Se ha escrito bastante y se continúa haciendo, llegando en algunos casos a consensos, en el sentido de que los países pueden alcanzar nuevas rutas de crecimiento acelerado rumbo al desarrollo, para llegar a niveles de bienestar generalizados para la sociedad en general.

En los últimos 20 años, los países confiaron exclusivamente en que el mercado, sin apoyos del Estado, alcanzaría el crecimiento económico y el desarrollo, lo que se ha desvanecido luego de la crisis mundial de 2008. Hoy se sabe, y se ha reafirmado, que el rol del Estado sigue vigente como elemento propulsor del desarrollo, por lo que en los foros mundiales, revistas de prestigio y entidades internacionales se ha dado un giro y se reafirma que la institucionalidad del sector público puede contribuir al desarrollo en todos los niveles, así como en la reducción de manera rápida de las brechas estructurales crecientes de desigualdad y aún prevalecientes en los países menos desarrollados.

Se sabe que se mantienen asimetrías que padecen los países, como es el caso de El Salvador. Por ejemplo, mientras las naciones recientemente industrializadas dedican de manera permanente cerca del 30% del producto interno bruto (PIB), en materia de inversión, los países como los nuestros no llegan al 15% del PIB; y en lo que corresponde a la inversión pública, esta pasó del 12% del PIB en promedio en América Latina de los años 70 a menos del 2% del PIB para los últimos cinco años. A la base de las crecientes brechas en materia de educación, salud, seguridad jurídica, etc., se encuentra la poca participación del sector público para potenciar el desarrollo.

IMGL3385El Premio Nobel de economía Douglass North, que en 1993 ganó esa distinción internacional, ha revelado interesantes hallazgos en sus investigaciones realizadas en materia de desarrollo e institucionalidad del sector público. Y en efecto, desde hace años se constituyó el Consenso de Copenhague, proyecto iniciado en 2004, destinado a establecer prioridades para avanzar por el bienestar de la humanidad, promoviendo la idea de asegurar el funcionamiento de la institucionalidad pública como clave para el desarrollo.

La pregunta obligada: ¿es posible que una eficiente administración pública pueda impulsar el desarrollo de los países, reduciendo las brechas sociales aún existentes? y, en ese marco, ¿existe alguna relación positiva de la misión del Centro Nacional de Registros con el desarrollo nacional? La respuesta es positiva. En efecto, el CNR desde su creación ha ejercido esa labor por medio de su Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, y más recientemente con el Registro de Comercio y el Registro de la Propiedad Intelectual. A la vez, en esta administración gubernamental, el CNR, alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”, a través de su nuevo Registro de Garantías Mobiliarias, ofrece la ampliación de respaldos a las empresas y personas naturales, a fin de intensificar, asegurar y acrecentar nuevas oportunidades de acceso al crédito para incrementar sus operaciones de negocios con nuevas inversiones, favoreciendo al mismo tiempo a la población, propiciando más empleo para la gente.

Existe el consenso cada vez más generalizado de que las instituciones públicas fuertes generan cambios que favorecen el desarrollo de las sociedades. Instituciones públicas como el CNR van en la ruta correcta con los niveles de modernidad alcanzados, con actuaciones eficientes y eficaces y con una fuerte dosis de ética como elementos que contribuyen al desarrollo nacional.

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