El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Rogelio Canales Chávez, hizo acto de presencia el pasado 9 de diciembre en el Homenaje a las víctimas de la masacre de El Mozote, evento que fue presidio por el Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, junto a funcionarios de gobierno en el marco del “Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños”. Este acto es parte del rescate de la memoria histórica con la realización de una ruta que hará visible los sitios emblemáticos de El Mozote.

Para el Presidente de la República este programa de reparación busca dignificar a las familias de las víctimas “y  devolver el centro del desarrollo de El Mozote a las personas que han sufrido por largo tiempo y aunque es muy difícil reparar sus pérdidas, es importante que esta zona sea un símbolo de lucha de El Salvador, que tenga un desarrollo integral, ese es nuestro compromiso como gobierno”, afirmó el Presidente Sánchez Cerén.

La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, perpetrada por el ejército salvadoreño, dirigido en aquella época por la Junta Revolucionaria de Gobierno, que dejó un saldo de cerca de 1,700 víctimas, incluyendo a hombres, mujeres y niños ejecutados, familiares de estas víctimas, personas desplazadas y sobrevivientes. Es una de las más crueles masacres en Latinoamérica en el contexto de un conflicto armado. Esta masacre hace reflexionar a la población salvadoreña sobre las consecuencias del abuso del poder, donde niños, mujeres y hombres fueron asesinados inocentemente.

El Ejecutivo también rindió cuentas a las familias sobre los avances en el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual incluye acciones que son competencia de los otros dos Órganos del Estado y la Fiscalía; por su parte, el Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, explicó que el programa tiene 31 medidas de carácter colectivo e individual, de las cuales 14 son ordenadas por la CIDH y 17 solicitadas por las víctimas al gobierno, que las asume también como obligatorias.